Iván Cabrera
01/02/2025
Los empresarios españoles que deciden trasladar su residencia fiscal a Andorra representan un caso de elusión tributaria que genera una profunda controversia en la sociedad. Se trata de individuos que, aprovechando su éxito económico y las ventajas que España les ha brindado en términos de infraestructuras, mercado y estabilidad, deciden trasladarse a un país con una fiscalidad mucho más favorable con el único fin de pagar menos impuestos. Esta práctica, aunque legal en algunos casos, no deja de ser una afrenta al sistema impositivo y una falta de compromiso con el país que les ha permitido generar su riqueza.
España cuenta con un sistema de impuestos progresivo que busca redistribuir la riqueza y garantizar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos. Sanidad, educación, infraestructuras y seguridad social son financiadas a través de los impuestos que pagan tanto trabajadores como empresarios. Cuando un empresario español traslada su residencia a Andorra, deja de contribuir a este sistema, beneficiándose de él durante años pero sin retribuir a la sociedad de la que ha obtenido ventajas y oportunidades. En este sentido, su actitud puede ser interpretada como una falta de solidaridad y de responsabilidad social.
La justificación habitual que esgrimen quienes se mudan a Andorra es que en España los impuestos son demasiado elevados y que el sistema es ineficiente. Sin embargo, eludir impuestos no es la solución para mejorar la eficiencia del gasto público. Si los empresarios de éxito que generan grandes fortunas evitan pagar impuestos en su país de origen, el peso fiscal recae en una mayor proporción sobre la clase media y los trabajadores, lo que contribuye a la desigualdad y al debilitamiento del Estado del bienestar. En lugar de contribuir al desarrollo del país en el que han triunfado, estos empresarios optan por maximizar sus ganancias personales sin pensar en las consecuencias colectivas.
Más allá de la cuestión fiscal, existe un componente ético y moral en la decisión de trasladarse a Andorra. La lealtad hacia el país no solo se demuestra respetando sus leyes, sino también contribuyendo a su sostenibilidad económica y social. La fuga de capitales y de talento no solo afecta la recaudación de impuestos, sino que también deteriora el tejido empresarial y desincentiva el progreso colectivo. Empresas y emprendedores con éxito deberían sentirse responsables de reinvertir parte de su riqueza en el país que les ha permitido alcanzar su posición, fomentando la innovación, el empleo y la mejora de la sociedad en su conjunto.
El traslado de residencia fiscal a Andorra por parte de empresarios españoles ha despertado críticas tanto de la ciudadanía como de algunos sectores políticos. Mientras algunos defienden que cada persona tiene derecho a buscar el mejor entorno fiscal para sus intereses, otros consideran que esta actitud es una traición a los principios de equidad y justicia tributaria. La globalización y la movilidad de capitales han facilitado la existencia de paraísos fiscales o regímenes con tributaciones mucho más favorables, lo que pone en jaque la capacidad de los estados para recaudar de manera justa y equitativa.
El debate sobre la tributación en Andorra y la salida de empresarios españoles debe llevar a una reflexión más profunda sobre la necesidad de una armonización fiscal en Europa. Mientras existan países con diferencias tan significativas en los tipos impositivos, seguirá habiendo incentivos para trasladar la residencia fiscal en busca de menores cargas tributarias. Esto no solo afecta a España, sino a muchos otros países que ven cómo sus contribuyentes más acaudalados buscan maneras de minimizar su aportación fiscal.
Resulta paradójico que muchos de los empresarios que han decidido mudarse a Andorra sigan manteniendo negocios en España y beneficiándose del consumo de los ciudadanos que sí pagan sus impuestos en el país. Su éxito empresarial sigue dependiendo en gran medida de la estabilidad económica y social de España, pero ellos prefieren disfrutar de las ventajas sin asumir su parte de la carga. Este comportamiento genera un sentimiento de injusticia entre la población, que ve cómo unos pocos logran evitar impuestos mientras la mayoría debe cumplir con sus obligaciones tributarias sin posibilidad de escapar de ellas.
La solución a este problema no pasa únicamente por señalar y criticar a quienes se marchan, sino por mejorar el sistema fiscal para hacerlo más eficiente y equitativo. Sin embargo, la responsabilidad de contribuir al bienestar colectivo no debe depender solo de la normativa legal, sino también de la ética personal y el compromiso con la sociedad. Mientras algunos empresarios continúen buscando refugios fiscales en Andorra o en cualquier otro lugar, la brecha entre quienes pueden elegir dónde pagar impuestos y quienes no tendrán otra opción que cumplir con sus obligaciones seguirá aumentando, con todas las consecuencias que ello conlleva para la justicia social y la cohesión económica del país.
