Iván Cabrera
12/11/2024
En España estamos atrapados en una especie de letargo colectivo. Las noticias, el debate público, e incluso la gente común, parecen concentrarse únicamente en temas como los escándalos de ciertos políticos, la relación con Venezuela y otros asuntos similares. Este es el único enfoque en la política: llenar el espacio público con polémicas para desgastar al gobierno, una estrategia en la que también participa la oposición, esperando erosionar el apoyo del electorado y, así, arrebatar el poder a los actuales socios de coalición.
Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué significa realmente gobernar? Parece que hoy en día nadie lo tiene claro. Mientras tanto, Europa, incluida España, parece perder terreno en la economía global, y en concreto frente a China. Europa parece estar atrapada en su propio “laberinto verde” sin soluciones claras, únicamente acumulando deuda sin medidas efectivas, y más bien restringiendo nuestras libertades. Hablo mucho sobre cómo nuestra privacidad y libertad se ven cada día más amenazadas, sujetas a sistemas diseñados para controlarnos.
Por otro lado, los grandes problemas de España son económicos y sociales. La tasa de desempleo es de las más altas de la Unión Europea, sobre todo entre los jóvenes; la precariedad laboral y los bajos salarios también son una constante. El elevado déficit público y una deuda superior al 110% del PIB generan serias preocupaciones sobre la estabilidad económica futura. Además, el país depende en exceso del turismo y la construcción, con poca diversificación industrial y una vulnerabilidad evidente a cualquier cambio en estos sectores.
El problema de la vivienda es crítico: los precios y los alquileres en las grandes ciudades son inalcanzables para muchos, especialmente los jóvenes. No se están implementando políticas que faciliten el acceso a la vivienda o reduzcan las desigualdades regionales, que son abrumadoras entre comunidades y provincias. En educación, la inversión es baja comparada con el resto de Europa, y los índices de abandono escolar siguen siendo preocupantes, con un sistema educativo que no responde a las demandas del mercado laboral.
El sistema sanitario está saturado, con listas de espera y falta de personal, a pesar del aumento en la plantilla de funcionarios públicos. Las infraestructuras, incluyendo hospitales y centros de salud, están obsoletas, y los problemas energéticos siguen latentes, dependiendo en gran medida de recursos externos mientras los altos costos energéticos impactan en la economía y en los hogares.
La corrupción, la mala gestión y una burocracia asfixiante obstaculizan la implementación de proyectos e inversiones. Los fondos europeos tampoco se distribuyen de manera equitativa, y la falta de transparencia en su asignación genera desconfianza. A esto se suma una crisis demográfica con una población envejecida y una baja tasa de natalidad, lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones.
Las diferencias entre las regiones urbanas y rurales son notables; además, hay tensiones entre comunidades autónomas y el gobierno central que dificultan los acuerdos y la cohesión social. La fragmentación y polarización política impiden la creación de políticas a largo plazo, incrementando la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La emigración de jóvenes cualificados es significativa mientras que la inmigración, en su mayoría, termina engrosando la exclusión social, con índices de pobreza que nos sitúan entre los más altos de Europa. A pesar de todo esto, el gobierno intenta justificarse y la oposición aprovecha el desgaste político, pero el país se enfrenta no solo a una crisis económica, sino a una crisis de valores y una apatía social que aceptan estos problemas sin actuar para solucionarlos.
