Iván Cabrera
12/12/2023
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién reelegido, se refirió a la política de vivienda pública durante la pasada legislatura y la comparó con la del anterior Gobierno del Partido Popular (PP). Durante su investidura esta semana, declaró: “La última vez que el Partido Popular estuvo en el poder (...) Era legal que las viviendas públicas, pagadas con los impuestos de todos, se vendieran a fondos buitre y se privatizaran” (min. 01:41:38).
Es importante señalar que durante los últimos cuatro años del Gobierno del PP, liderado por Mariano Rajoy, no existían restricciones para que los conocidos como "fondos buitre" adquirieran viviendas públicas. Asimismo, durante los primeros cuatro años de la presidencia de Pedro Sánchez, tampoco se establecieron limitaciones en este sentido. No fue hasta la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda en mayo de 2023 que se prohibió esta práctica en ciertos casos. Este cambio legal ocurrió casi cinco años después de que el socialista asumiera la presidencia.
La ley por el derecho a la vivienda fue aprobada por el anterior Gobierno de coalición de Pedro Sánchez al final de la legislatura, en mayo de 2023, previo a las elecciones municipales, autonómicas y las elecciones generales del 23 de julio. El anteproyecto de ley se presentó en octubre de 2021 desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En ese momento, el texto normativo contemplaba un artículo en contra de la venta de viviendas públicas a fondos de inversión y, también, a fondos buitre.
La propuesta legislativa del Gobierno llegó al Congreso de los Diputados en febrero de 2022, tramitándose por el procedimiento de urgencia. Sin embargo, la ley por el derecho a la vivienda no concluyó su proceso parlamentario hasta mayo de 2023. Esto ocurrió cinco años después de la asunción de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. Es decir, durante este período, tanto con gobiernos del PP como del PSOE, las viviendas públicas se vendían a fondos buitre.
El preámbulo de la ley denuncia que en el pasado, las viviendas públicas en España se vendieron a fondos de inversión, lo que redujo el ya limitado parque de vivienda social en el país. Según Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante y experta en vivienda, con la nueva ley, "las viviendas públicas que no se pueden vender para la propiedad privada son aquellas que pertenecen a las administraciones públicas y que están catalogadas como vivienda social".
El artículo 16 de la norma regula la vivienda protegida, siendo más restrictivo vender este tipo de viviendas a la propiedad privada. Mario Manjón, abogado en el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, explica que "para que puedan venderse este tipo de viviendas primero se tiene que descalificar el suelo".
Además, Manjón destaca el apartado (e) de ese mismo artículo, que establece la posibilidad de que las Administraciones públicas tengan preferencia sobre los fondos de inversión al comprar viviendas protegidas que se descalifican con el tiempo, siempre que la legislación autonómica lo permita.
Otros tipos de viviendas públicas no tienen tantas restricciones a la hora de ponerse a la venta, como aquellas que no están en reservas de suelo o las destinadas a alquileres asequibles.
