Iván Cabrera
17/01/2025
El oro ha sido históricamente reconocido como dinero, una afirmación respaldada por JP Morgan, quien sostenía que todo lo demás es crédito. Este concepto subraya la diferencia entre un activo tangible y el crédito, que en la actualidad se manifiesta principalmente como moneda fiduciaria. Los gobiernos, a través de políticas monetarias, generan crédito mediante la emisión de dinero, lo que se traduce en un incremento masivo de deuda. Esta deuda, convertida en moneda, provoca una reducción constante en el poder adquisitivo, impactando negativamente en las condiciones de vida de los ciudadanos. La acumulación de deuda tiene consecuencias profundas y de largo alcance, como mayores impuestos, inflación persistente, reducción de los salarios reales, disminución de la productividad y un aumento del riesgo y la volatilidad en los mercados financieros. La magnitud de estos problemas subraya la necesidad de entender las implicaciones económicas de estas políticas.
En la comparación entre el oro y los índices de bonos globales y soberanos, se puede observar cómo el oro refleja las expectativas de que los estados seguirán endeudándose de manera alarmante. Asimismo, queda claro que estos gobiernos no tienen la capacidad ni la intención de proporcionar rendimientos reales a los inversores en bonos, debido a su política de represión financiera. Este término describe la estrategia de mantener tasas de interés bajas a pesar de una inflación persistente, lo que contribuye a la destrucción de los ahorros y los salarios reales de los ciudadanos. Aquellos que mantienen su dinero en depósitos bancarios o invierten en bonos estatales considerados seguros asumen un riesgo significativo. En los últimos cinco años, los índices agregados de rentabilidad de los bonos estatales han caído un 12 %, demostrando cómo la inflación afecta no solo los salarios reales y los depósitos, sino también a los inversores más prudentes. Este escenario resalta la importancia de protegerse contra estas dinámicas perjudiciales.
La inflación no es un fenómeno casual, sino una herramienta deliberada empleada por los gobiernos. Es, en esencia, una política económica diseñada para permitir a los estados incumplir sus compromisos financieros. Esto se logra al pagar deudas y gastos en una moneda que pierde valor con el tiempo. Este enfoque enriquece a corto plazo a los sectores políticos y gubernamentales, mientras empobrece a la población general, especialmente a los asalariados y ahorradores. Las personas que confían en sus ahorros en cuentas bancarias o depósitos son particularmente vulnerables, ya que estos instrumentos no protegen contra la pérdida de valor de la moneda. Por ello, resulta crucial protegerse mediante la inversión en activos que ofrezcan una mayor estabilidad, como el oro. Este metal precioso no solo preserva el valor a largo plazo, sino que también mitiga la volatilidad y el riesgo introducidos por las políticas monetarias estatales.
En Estados Unidos, el nivel de deuda continúa aumentando a un ritmo alarmante. Se prevé que en los próximos años el país enfrente la necesidad de refinanciar un "muro" de deuda de aproximadamente 50 billones de dólares. Este contexto es el resultado de déficits masivos y un aumento desenfrenado en el gasto público, impulsado por promesas de beneficios "gratuitos". Sin embargo, estas promesas no son más que un espejismo, ya que el costo real se transfiere a los ciudadanos a través de la inflación, mayores impuestos, pérdida de poder adquisitivo y una reducción en la productividad económica. Los límites de la deuda pública son evidentes y multifacéticos. En primer lugar, el límite económico indica que niveles crecientes de deuda resultan en un crecimiento económico y una productividad cada vez menores. En segundo lugar, el límite fiscal refleja que, aunque los estados puedan financiarse inicialmente a costos relativamente bajos, el peso de la deuda en los presupuestos aumenta progresivamente, sin que los ingresos fiscales logren compensar esta carga. Finalmente, el límite inflacionario señala que la emisión descontrolada de deuda y el gasto excesivo erosionan aún más el valor de la moneda.
A pesar de que Estados Unidos sigue siendo percibido como un refugio financiero debido a su economía en crecimiento y a las políticas que buscan frenar el déficit mediante recortes de gastos e impuestos, muchos otros países enfrentan un panorama mucho más sombrío. Los gobiernos de países como Colombia, Brasil y Chile han adoptado políticas fiscales irresponsables, caracterizadas por un aumento desproporcionado del déficit y los desequilibrios macroeconómicos. Estas naciones han actuado bajo la falsa premisa de que el dinero puede fluir sin restricciones y sin consecuencias, ignorando los riesgos inherentes a este enfoque. Los problemas emergen inicialmente a través de la depreciación de sus monedas y, posteriormente, en el riesgo crediticio asociado a sus bonos soberanos. Estos bonos, que deben refinanciarse a tasas de interés más altas, generan una presión significativa sobre las economías, incrementando el riesgo de una "parada en seco" o colapso económico. En este contexto, el capital global tiende a desplazarse hacia activos más seguros, como los bonos estadounidenses, dejando a los mercados emergentes y a las economías fiscalmente irresponsables en una posición precaria.
La protección contra la destrucción monetaria es, por lo tanto, una prioridad fundamental en el panorama económico actual. Para ello, es necesario construir carteras diversificadas que incluyan renta variable, oro y, para aquellos que toleren la volatilidad, criptomonedas. Estas estrategias permiten mitigar los efectos negativos de la inflación y las políticas monetarias destructivas. Estar invertido no es simplemente una opción, sino una necesidad, ya que mantener el dinero inactivo implica una pérdida segura de valor debido a la inflación y a las políticas estatales que buscan diluir la deuda. Ningún estado tiene el interés ni la capacidad de proporcionar rendimientos reales sobre su deuda, ya que su estrategia se basa en la inflación como herramienta para reducir la carga de sus compromisos financieros. Esta realidad refuerza la importancia de protegerse activamente mediante inversiones sólidas y diversificadas. La inflación, recordemos, no es un fenómeno accidental, sino una política deliberada que exige una respuesta estratégica por parte de los ciudadanos.
