El 19 de abril de 1933, a las seis semanas de asumir la presidencia, el demócrata Franklin Roosevelt anunció que Estados Unidos dejaría de pagar sus deudas en oro, contentándose con hacerlo en papel moneda, en dólares en forma de billetes de banco.
Los contratos de deuda que contenían una disposición de este tipo (es decir, una cláusula oro) representaban una suma colosal para la época: 120.000 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones correspondían a deuda pública y 100.000 millones a deuda del sector privado. Esta suma era muy superior a la riqueza de mercado producida en un año en Estados Unidos (según Sebastian Edwards, los contratos de deuda con cláusula oro representaban el 180% del PIB estadounidense de la época).
De forma complementaria a la abolición de la devolución en oro, el gobierno prohíbe la tenencia de oro por encima de un valor de 100 dólares y ordena a todas las empresas y particulares residentes en Estados Unidos que vendan su oro a la Reserva Federal. A cambio del oro, el gobierno les da billetes de banco.
Esta decisión del Presidente Roosevelt obtuvo la aprobación del Congreso estadounidense, que en junio de 1933 aprobó por ley el abandono de la cláusula oro en los títulos de deuda. La minoría de congresistas de su partido y del partido republicano que se opusieron a esta decisión dijeron alto y claro que se trataba pura y simplemente de un repudio de deudas y contratos. Lewis Douglas, el director del presupuesto, uno de los asesores y ayudantes más cercanos del presidente Roosevelt, había intentado oponerse a la decisión y dijo en una reunión del gabinete de crisis de Roosevelt que significaba «el fin de la civilización occidental» (Edwards, p. 58). Sebastian Edwards, economista neoliberal, que publicó en 2018 un libro enteramente dedicado a esta decisión de la administración Roosevelt, titula el capítulo 6 de su libro «Una transferencia de riqueza a la clase endeudada», lo que está cargado de significado.
Tras anular la cláusula oro en todos los contratos de deuda, el Presidente estadounidense anunció una devaluación del dólar frente al oro del 69% (a partir de ahora una onza de oro valdría 35 dólares [2] mientras que hasta entonces valía 20,67 dólares). Esto significa que a partir de ahí los prestatarios estadounidenses y privados que “emitieron" o firmaron pagarés con la cláusula oro ya no están pagando sus deudas en oro, las están pagando en papel moneda fuertemente devaluado.
En febrero de 1935, el Tribunal Supremo se pronunció, a petición del gobierno, sobre la constitucionalidad de la decisión del Congreso y del Presidente de derogar la cláusula oro.
Un elemento fundamental de la argumentación jurídica del gobierno ante el Tribunal Supremo fue que en 1933 el Congreso se enfrentaba a la imperiosa «necesidad de actuar» y poner fin a la Depresión. Esta «acción» necesaria, que incluía la devaluación del dólar frente al oro, sólo podía ser efectiva si se eliminaba la cláusula oro de los contratos pasados y futuros. Si se hubieran mantenido las cláusulas sobre el oro, habría significado, según el gobierno, la quiebra de todo el país. Por eso, siempre según el Gobierno, el Congreso, enfrentado a una profunda recesión, un colapso bancario y un pánico monetario, aprobó la resolución conjunta que anulaba todas esas cláusulas. Según el gobierno, se trataba de salvar al país.
Por su parte, los juristas que se oponían a la anulación de la cláusula oro argumentaban que equivalía a una expropiación sin indemnización.
