Iván Cabrera
07/02/2025
Sufragar socialmente las quiebras privadas se ha convertido en una práctica recurrente dentro del sistema económico actual. Las grandes corporaciones y entidades financieras operan con la certeza de que, ante cualquier crisis o mala gestión, el Estado acudirá en su auxilio utilizando recursos públicos. Esta dinámica genera un sistema en el que los riesgos son asumidos por la colectividad, mientras que los beneficios permanecen en manos privadas, perpetuando la desigualdad y el abuso de poder económico.
Cuando una empresa o banco entra en crisis, la narrativa predominante es que su caída podría desencadenar efectos devastadores sobre la economía y el empleo. Con este argumento, los gobiernos justifican la inyección de dinero público para evitar la quiebra de estas instituciones, presentándolo como una medida necesaria para la estabilidad económica. Sin embargo, lo que realmente sucede es que los recursos que deberían destinarse a mejorar servicios públicos como la sanidad, la educación o la infraestructura, terminan siendo utilizados para rescatar a entidades cuya mala gestión las llevó al borde del colapso.
La crisis financiera de 2008 es un ejemplo paradigmático de esta problemática. Las grandes instituciones bancarias asumieron riesgos desproporcionados, otorgaron créditos de alto riesgo y generaron una burbuja especulativa que finalmente explotó. En lugar de dejar que estos bancos asumieran sus responsabilidades y enfrentaran las consecuencias de sus actos, los gobiernos intervinieron con gigantescos rescates financieros. Mientras millones de ciudadanos perdieron sus empleos y hogares, los altos ejecutivos de estas entidades continuaron recibiendo bonificaciones millonarias y ventajas fiscales.
El problema de sufragar socialmente las quiebras privadas no se limita únicamente al sector financiero. También se observa en grandes corporaciones de diversos sectores que, tras obtener enormes beneficios, no dudan en solicitar ayuda estatal cuando atraviesan dificultades. Empresas de automoción, aerolíneas y conglomerados industriales han recibido subsidios y rescates con la excusa de proteger el empleo, aunque muchas veces, tras recibir la ayuda, proceden a despedir trabajadores o trasladar su producción a países con menores costos laborales.
El coste de estos rescates lo asume la ciudadanía a través del aumento de impuestos, recortes en servicios públicos y políticas de austeridad que afectan a las clases trabajadoras y medias. Mientras tanto, las empresas rescatadas continúan operando bajo la misma lógica de maximización de beneficios privados y socialización de pérdidas, sin que existan mecanismos efectivos para exigirles responsabilidad y compromiso con la sociedad.
Para evitar que esta situación continúe perpetuándose, es necesario replantear el papel del Estado en la economía. Los rescates deben estar condicionados a una reestructuración profunda de las empresas beneficiadas, incluyendo cambios en la dirección, control público sobre sus operaciones y devolución de los fondos cuando la empresa vuelva a ser rentable. Además, se debe fomentar un modelo económico en el que las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con el mismo acceso a ayudas estatales, reciban mayor apoyo para garantizar una economía más equitativa y diversificada.
El modelo actual de sufragar socialmente las quiebras privadas es insostenible y contribuye a la concentración de poder y riqueza en pocas manos. La sociedad no puede seguir pagando por los errores de una élite empresarial que opera sin asumir las consecuencias de sus actos. Es necesario un cambio estructural que garantice que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la mayoría y no para rescatar a quienes han generado sus propias crisis por pura especulación y avaricia.
