Iván Cabrera
19/02/2025
En España, alrededor de dos millones de personas dependen de la ayuda estatal para sobrevivir, incluyendo a muchos trabajadores con empleo que, pese a su actividad laboral, siguen siendo pobres. Estas personas no siempre aparecen reflejadas en las estadísticas de empleo, pero la situación es aún más preocupante cuando se considera que estas cifras apenas representan la punta del iceberg. La temporalidad laboral en España es la más elevada de Europa, un dato que no suele recogerse en las estadísticas oficiales ni en las de beneficiarios de ayudas.
Lo más alarmante es la falta de un plan integral para la reinserción laboral, algo que contrasta con otros países de nuestro entorno, donde el desempleo y la pobreza son considerablemente menores y han implementado con éxito programas de formación dual y reconversión profesional. España, sin embargo, permanece estancada en un modelo asistencialista que no afronta las causas estructurales del problema. La brecha digital, especialmente perjudicial para los mayores de 45 años, y la desconexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral, son problemas que ninguna ayuda económica puede resolver. La economía del país depende de ciertos sectores y no cambiará con simples titulares.
Mientras tanto, algunos ministros, en lugar de trabajar en la modernización del país, dedican su tiempo a preparar sus campañas autonómicas. Otros, que deberían centrarse en la creación de empleo, priorizan la reducción de la jornada laboral. La oposición tampoco resulta eficaz: una parte se limita a justificarse sin abordar los problemas de fondo, mientras que otra se pierde en discursos grandilocuentes sin ofrecer soluciones concretas. El resultado es un panorama político ineficaz e incapaz de resolver los desafíos del país.
El sistema de subsidios, lejos de ser una red de apoyo temporal, se ha convertido en una trampa de la que es difícil salir. Según las estadísticas, el 68 % de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital permanecen en el programa durante más de dos años, lo que pone en evidencia el fracaso de estas ayudas como mecanismo transitorio. La falta de coordinación entre administraciones y la superposición de ayudas autonómicas y estatales crean un entramado burocrático que, en muchos casos, desincentiva la búsqueda de empleo. El verdadero progreso social no debería medirse por la cantidad de personas que reciben ayudas, sino por cuántas logran salir de la dependencia y alcanzar la autonomía.
España necesita evolucionar de un estado asistencialista a un estado facilitador que brinde herramientas y oportunidades a sus ciudadanos para que construyan su propio futuro. Solo así la crisis actual podrá transformarse en una oportunidad de cambio hacia una sociedad más próspera y autosuficiente. Sin embargo, no parece que haya voluntad para ello.
El Ingreso Mínimo Vital, implementado en junio de 2020 con la intención de reducir la pobreza y la exclusión social, ha alcanzado a millones de personas desde su puesta en marcha. Aunque en principio buscaba garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, la realidad es que ha generado una dependencia prolongada. Para acceder a esta ayuda es necesario cumplir ciertos requisitos, como residencia legal en España, acreditar una situación económica precaria y formar parte de una unidad de convivencia establecida. También es compatible con otras prestaciones, siempre que no se superen los límites de ingresos y patrimonio establecidos.
El problema es que el gobierno parece más preocupado por enaltecer el aumento de beneficiarios que por reducir la necesidad de estas ayudas. Para sostener un país que se empobrece, mientras se presentan datos de crecimiento, no hay otra opción que recurrir a impuestos. La presión fiscal ha aumentado de forma sostenida, pasando del 34,9 % del PIB en 2018 al 36,8 % en 2023. Aunque el incremento puede parecer moderado, supone una carga adicional considerable para los contribuyentes.
España se encuentra atrapada en un modelo de gasto público creciente, que lejos de mejorar los servicios o el bienestar social, se ha convertido en una estructura difícil de sostener. La pandemia marcó un punto de inflexión en el gasto estatal, elevándolo a niveles que no han vuelto a reducirse. Lo que debería haber sido una medida temporal se ha convertido en un cambio estructural del tamaño del Estado, sin un debate serio sobre su sostenibilidad.
Este modelo de subsidios recuerda a otros ejemplos históricos de dependencia estatal, como el sistema de ayudas en Argentina antes de la llegada de Milei, donde la proliferación de programas sociales llevó a un esquema insostenible. Cuando un país se basa en la redistribución en lugar de la creación de riqueza, el resultado es una economía estancada y una población cada vez más dependiente del Estado.
En España, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una ilusión estadística, sostenida por los fondos europeos y el turismo. Sin una estrategia clara de consolidación fiscal, el país está construyendo una burbuja de gasto público que, cuando estalle, traerá consecuencias severas. En lugar de abordar reformas estructurales, la política ha convertido el gasto en una herramienta electoral, lo que ha generado una situación de vulnerabilidad económica preocupante.
El verdadero progreso no vendrá con más gasto público, sino con una gestión eficiente y una relación más equilibrada entre el Estado y los ciudadanos, basada en la responsabilidad fiscal y la autonomía individual. No hay nada de qué enorgullecerse cuando cada vez más personas dependen del Estado para sobrevivir. En un país serio, lo que se celebraría es que menos personas necesiten subsidios, no lo contrario.
El problema es que en lugar de fomentar la creación de empleo y el emprendimiento, se está consolidando un sistema que impide que la gente salga de la pobreza. La historia ha demostrado que cuando el Estado convierte la dependencia en norma, lo que realmente está haciendo es fortalecer su propio poder a costa de la libertad de los ciudadanos.
España, que hasta hace poco tenía una red de ayudas enfocada en los grupos más vulnerables, hoy presume de que cada vez más personas dependen del Estado. Nos dirigimos hacia un país con una economía cada vez más intervenida y una sociedad más dependiente, lo que resulta preocupante.
Muchos descalificarán esta visión como pesimista, pero la realidad es que normalizar la dependencia y disfrazarla de éxito es un error. Vivimos en una sociedad donde el pensamiento crítico se debilita, el debate público se polariza y el análisis profundo es reemplazado por simplificaciones y titulares vacíos. La cultura del entretenimiento rápido y la falta de reflexión han reducido la capacidad de la gente para cuestionar el modelo en el que viven.
Si no hay esfuerzo, hay dependencia. Si hay dependencia, el Estado otorga subsidios. Y si se necesitan subsidios, el ciclo de dependencia se refuerza. Las sociedades que no comprenden esto terminan atrapadas en un sistema donde la autonomía se diluye y la libertad se pierde.
