Iván Cabrera
09/12/2024
La desconexión entre la realidad oficial y la percepción social de los datos económicos está influida, en gran medida, por la polarización política. En España, los datos muestran una clara división ideológica en la percepción económica: solo el 13% de los votantes del PSOE consideran mala la situación económica actual, mientras que ese porcentaje asciende al 80% entre los votantes del PP y al 95% entre los de Vox. Este fenómeno no es exclusivo de España; en países como Estados Unidos también se observa cómo la afiliación política tiñe profundamente la percepción económica. Esto subraya que, más allá de los datos objetivos, la percepción está condicionada por factores subjetivos y contextuales.
Un elemento adicional en esta desconexión es la inflación. Aunque los datos oficiales muestran una moderación, el 75% de los productos de la cesta del IPC son más caros que hace un año, afectando especialmente a bienes básicos. Esto tiene un impacto psicológico significativo, pues los consumidores sienten que su poder adquisitivo disminuye. La vivienda también agrava esta percepción: los precios de compra y alquiler siguen subiendo, especialmente en grandes ciudades, dificultando el acceso, especialmente para los jóvenes. Aunque el Euríbor ha comenzado a descender, las cuotas hipotecarias siguen siendo considerablemente más altas que hace unos años, aumentando la presión económica.
Otro problema estructural es la desigualdad. Mientras las cifras macroeconómicas mejoran, la brecha entre ricos y pobres se amplía. Según la Fundación FOESSA, cerca de 9,4 millones de personas en España (casi el 20% de la población) están en riesgo de exclusión social, lo que representa un aumento significativo respecto a la última crisis inmobiliaria. A esto se suma la precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes, donde los contratos temporales y los bajos salarios son la norma, a pesar de las reformas laborales. El indicador AROPE revela que 4,3 millones de personas viven en pobreza severa, un 28% más que antes de la crisis inmobiliaria, lo que evidencia un empobrecimiento estructural sostenido.
En términos económicos generales, la sostenibilidad del crecimiento español es cuestionable. La economía sigue dependiendo del turismo y los servicios, sectores vulnerables a crisis externas. La falta de una política industrial sólida y la escasa inversión en investigación y desarrollo agravan este problema. Además, España ha perdido posiciones en rankings de innovación, competitividad y libertad económica, reflejando un estancamiento en su capacidad para adaptarse a las exigencias globales.
La clase política y los medios de comunicación también tienen su cuota de responsabilidad. Los políticos manipulan los datos según su conveniencia electoral, creando una narrativa contradictoria, mientras que los medios, en su afán de dramatizar o idealizar las noticias, contribuyen a la confusión. Esto refuerza la percepción de una economía desconectada de la realidad cotidiana, donde los indicadores macro no logran captar las tensiones estructurales subyacentes.
Estudios socioeconómicos han abordado esta paradoja, señalando que la discrepancia entre los datos oficiales y la percepción popular puede deberse a una "ignorancia eficiente", donde la falta de información lleva a decisiones y percepciones distorsionadas. También se destaca cómo la calidad y forma en que se comunican los datos económicos influyen en la percepción pública. Las experiencias personales recientes y las expectativas a corto plazo tienen un peso desproporcionado en la formación de opiniones económicas.
En España, factores como la deuda pública, que alcanza el 109% del PIB, y el desempleo estructural, que afecta al 12% de la población y a una tasa juvenil que triplica la media de la OCDE, agravan la percepción de fragilidad económica. Este desempleo cíclico, combinado con la histéresis económica, perpetúa una sensación de estancamiento. Además, la inseguridad laboral y la polarización de rentas amplifican la percepción de vulnerabilidad, incluso entre quienes están empleados.
La paradoja económica española revela que los números macroeconómicos no cuentan toda la historia. Aunque algunos datos sugieren mejoras, la experiencia cotidiana de desigualdad, precariedad y exclusión social dibuja un panorama mucho más desalentador. Para abordar esta paradoja, es crucial ir más allá de los titulares y enfocarse en los desafíos estructurales, como el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad del estado de bienestar.
El futuro económico de España depende de construir un modelo que transforme el crecimiento en oportunidades reales para todos. Esto requiere una estrategia coordinada: políticos comprometidos con el bienestar a largo plazo, empresas que apuesten por la innovación, medios que informen con rigor y ciudadanos educados financieramente. Solo así se podrá superar la paradoja económica y avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible que refleje verdaderamente la experiencia de la población.
