Iván Cabrera
17/11/2024
El debate sobre el futuro del efectivo y la implementación de monedas digitales no es solo un tema técnico o de eficiencia económica. Es, en esencia, una lucha fundamental por la libertad individual y el control de nuestras finanzas. Aunque soy un ferviente defensor de la tecnología, creo firmemente que su propósito no es restringirnos, sino liberarnos. Sin embargo, las medidas que limitan el uso del efectivo, con el argumento de combatir el fraude o el crimen financiero, suelen ser una fachada para aumentar el control estatal sobre la economía.
Recientemente, el comedor de la Universidad de Granada anunció que solo aceptará pagos con tarjeta a partir de septiembre, eliminando el efectivo como opción. Aunque esta práctica es cada vez más común, contraviene la legislación vigente en España. El Real Decreto-ley 24/2021 establece que cualquier establecimiento debe aceptar pagos en efectivo por montos inferiores a 1,000 euros, protegiendo así la libertad de elección de los consumidores.
A pesar de esta regulación, España es uno de los países más restrictivos de Europa en cuanto al uso de efectivo. Mientras aquí el límite está en 1,000 euros, en otros países como Polonia alcanza los 15,000 euros y en el Reino Unido no existen restricciones significativas, salvo para transacciones mayores a 15,000 libras que requieren identificación. Estas diferencias reflejan un panorama diverso en Europa, pero también subrayan cómo ciertas políticas pueden restringir la autonomía financiera.
El efectivo no solo es un medio de pago, sino un pilar de la libertad económica. A diferencia de los pagos digitales, que son constantemente monitoreados, el efectivo garantiza privacidad y accesibilidad universal. Además, protege a las personas de fallos en los sistemas digitales y no está sujeto a los riesgos asociados a la quiebra bancaria o la volatilidad de los mercados. Sin embargo, el avance hacia las monedas digitales del Banco Central (CBDC) amenaza con erosionar estas ventajas.
El euro digital, por ejemplo, promete eficiencia y control en las transacciones, pero plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. Su naturaleza rastreable permite al Estado y a las instituciones financieras monitorear cada movimiento, lo que podría llevar a un control financiero sin precedentes. Este sistema podría centralizar el poder en manos del Estado, limitando la capacidad de las personas para gestionar su riqueza de manera independiente.
La transición hacia una sociedad sin efectivo no es un simple paso hacia la modernización. Es una estrategia cuidadosamente diseñada para consolidar el control estatal sobre el dinero y, por ende, sobre las vidas de los ciudadanos. La introducción de las CBDC facilitará la implementación de medidas como tasas de interés negativas, dinero programable con caducidad y la restricción de su uso a sectores específicos, lo que reforzará aún más este control.
Si bien los pagos digitales ofrecen comodidades, también conllevan riesgos importantes, como la pérdida de autonomía financiera y la vulnerabilidad ante posibles abusos de poder. Aunque muchos defienden que la digitalización es inevitable, la desaparición del efectivo no debería ser el precio a pagar. La libertad de elegir cómo administrar nuestras finanzas es un derecho fundamental que debemos proteger.
En última instancia, el efectivo representa algo más que un medio de pago: simboliza nuestra capacidad para decidir cómo y cuándo utilizar nuestros recursos sin la interferencia de terceros. Por eso, defender el efectivo es defender la libertad económica y, con ella, nuestra autonomía como individuos. La tecnología debe ser una herramienta para ampliar nuestras opciones, no para limitarlas, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así sea.
